Hace unos días, el Tribunal Supremo de los Países Bajos ordenó al Gobierno de la nación que antes de 2021 reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 25% respecto a los niveles del año 1990. Es un hecho insólito ya que es la primera vez en que la Justicia adopta una sentencia en contra del Gobierno de su propio país, en temas de cambio climático.
Todo empezó con una denuncia presentada en el año 2013 por parte de una ONG local llamada Urgenda, que aglutinó a varios demandantes particulares. En esa denuncia se reclamaba que el Gobierno neerlandés no cumplía con el objetivo establecido por los científicos de reducir en un 25% la emisión de gases de efecto invernadero, de manera que se estaba poniendo en peligro los derechos humanos de la población de los Países Bajos.
Sucesivamente la denuncia contra el Gobierno fue ganando en el tribunal de distrito y en el de apelación, hasta que finalmente fue ratificado por el máximo organismo judicial del pais.
El gobierno holandés principalmente había argumentado que, aunque hubiera cumplido con la reducción del 25%, la aportación de un solo país no habría supuesto un cambio significativo en los niveles de gases de efecto invernadero a nivel global. El Tribunal sentenció que cada nación es responsable de cumplir su parte.
Ahora el gobierno de los Países Bajos tendrá que tomar medidas drásticas, como por ejemplo cerrar algunas centrales térmicas de carbón recién abiertos, para cumplir con el objetivo dentro del plazo de un año.
Como vimos en el artículo anterior, está claro que estamos en una situación de emergencia. Pero frente a los efectos cada vez más notables del cambio climático, a nivel global la toma de acciones paliativas a nivel global ha ido perdiendo fuerza desde la cumbre climática de 2015, sobre todo debido a la retirada del pacto por parte de países tan importantes como Estados Unidos.
Muchas esperanzas estaban puestas en la cumbre climática celebrada en Madrid a finales de 2019, si bien es cierto que los resultados han sido más bien pobres dado que las buenas intenciones no se plasmaron en acuerdos de medidas concretas y contundentes, o en unos compromisos reales.
Por eso, la sentencia ocurrida en los Países Bajos ha sido disruptiva, y ha inspirado casos similares que se estén produciendo en Bélgica, Francia, Irlanda, Alemania, Nueva Zelanda, Brasil, Gran Bretaña, Suiza, y Noruega.
Es esperanzadora la tendencia creciente de ciudadanos en todo el mundo empezando a tomar acción, instando a sus gobiernos a cumplir con la obligación que tienen, no solamente legal sino también moral, de incrementar su ambición para paliar las causas del cambio climático. Eso demuestra que, ante la ineficacia de las autoridades, sí que puede ser efectiva la fuerza de los ciudadanos para defender los derechos humanos de todos.
Damian Rau fue uno de los demandantes holandeses del caso Urgenda. Tenía tan solo 12 años cuando se presentó la denuncia contra el gobierno holandés. Es el mejor ejemplo para darnos cuenta de que cada uno de nosotros somos capaces de cambiar el mundo. Y de que si realmente queremos, creemos, tomamos acción, y perseveramos, el éxito está al alcance de nuestras manos.
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